Pena de Muerte para Violadores no es Aprobada por el Comité de Gobierno

En algunos países, el Estado ejecuta o condena a muerte a personas que cometieron algún delito como la violación. El año pasado la mayoría de las ejecuciones de las que se tuvo noticia se produjeron en China, Irán, Arabia Saudí, Vietnam e Irak. Para algunas instituciones gubernamentales u instituciones que protegen los derechos humanos, sostienen…

En algunos países, el Estado ejecuta o condena a muerte a personas que cometieron algún delito como la violación. El año pasado la mayoría de las ejecuciones de las que se tuvo noticia se produjeron en China, Irán, Arabia Saudí, Vietnam e Irak. Para algunas instituciones gubernamentales u instituciones que protegen los derechos humanos, sostienen que la pena de muerte viola los derechos en este caso el derecho a la vida como lo aclara la Declaración Universal de Derechos Humanos expuesta en 1948 por las Naciones Unidas.

En este sentido, El proyecto de ley que busca la pena de muerte para violadores de niños en Colombia, modificando el artículo 11 de la constitución, no ha sido aprobada por el comité asesor de Gobierno.  El representante de cambio radical, Jaime Rodríguez Contreras fue el que tuvo la iniciativa de generar la pena de muerte sin excepción, a las personas que realizan actos sexuales contra menores de edad.

Respecto a lo anterior, el Comité Técnico del Concejo de Política Criminal, luego de analizar concretamente la ley que aprobaría la pena de muerte a violadores de menores, no fue aceptada y se oponen a declararla un hecho. Sin embargo, en el mes de septiembre de este año, el mismo comité dio un buen concepto favorable respecto a cadena perpetua para aquellas personas que atenten contra un niño.

La cadena perpetua para violadores es aceptada por los organismos internacionales. Se aplicaría según las condiciones, ya sea por el comportamiento, resocialización y sí el condenado ha cumplido 25 años de estar preso. Para el Comité, la pena de muerte es totalmente diferente, porque esta ley no tendría ningún fin resocializador y atentaría contra la vida de un ser humano.

La corte suprema, la fiscalía, la procuraduría, representantes del ministerio de Justicia y defensa, entre otros serán los encargados de votar en contra o a favor de este tema que por supuesto seguirá siendo debatido por las diferentes entidades.  

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